¿QUÉ HAY DETRÁS DE LA CRISIS PENITENCIARIA EN ECUADOR?
La administración de Guillermo Lasso, que el
próximo 24 de mayo cumple su primer año de gobierno y ha visto pasar, al menos,
cinco masacres carcelarias.
La madrugada del lunes 9 de mayo se registró
un nuevo motín carcelario. La situación tuvo lugar en el Centro de
Rehabilitación Social de Santo Domingo de los Tsáchilas y dejó un saldo de 44
reos muertos.
Con ello, ya son 64 presos los que han perdido
la vida este año en el país suramericano en medio de motines, luego de que a
principios de abril otros 20 murieran en enfrentamientos ocurridos en el Centro
de Rehabilitación Social Turi (CRS), ubicado en la ciudad de Cuenca, provincia
de Azuay.
En poco más de dos años, la cifra ya se eleva
a más de 400 personas asesinadas en este tipo de hechos. En el año 2020, en
medio de la etapa más fuerte de la pandemia del Covid-19, fueron 46 y en el 2021
fueron 316 —un incremento del 587 % respecto al año anterior—, según un informe
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Solo durante la administración del actual
presidente Guillermo Lasso, quien cumplirá el próximo 24 de mayo un año en el
Gobierno, se han registrado al menos cinco matanzas dentro de las cárceles. El
28 de septiembre del 2021 ocurrió la peor masacre; los hechos tuvieron lugar en
el Centro de Privación de Libertad (CPL) Guayas No. 1, también conocido como
Penitenciaría del Litoral o 'La Peni', ocasionando la muerte de 122 personas.
Causas del último motín
El Servicio Nacional de Atención Integral a
Personas Privadas de Libertad (SNAI) informó que el motín del lunes ocurrió en
el pabellón de máxima seguridad de la prisión de Santo Domingo de los
Tsáchilas, donde, tras los operativos de las fuerzas de seguridad, encontraron cuatro
armas de fuego tipo fusil, tres pistolas, un revólver, cuatro granadas, 1.800
cartuchos calibre 2.23 y tres alimentadoras.
De acuerdo con el Gobierno, al igual que en las
masacres anteriores, este amotinamiento fue la acción de una banda que busca el
control del centro penitenciario, que se disputa con otro grupo.
El ministro del Interior, Patricio Carrillo, mencionó
que este suceso "fue una crueldad de una banda criminal que perpetuó los
mismos hechos hace un mes en Azuay".
En concreto, según el ministro, presos de la
banda criminal Los Lobos, ajusticiaron con armas blancas a los del grupo R7. El
objetivo era asesinar a Marcelo Anchundia, cabecilla de la banda.
Anchundia había sido trasladado recientemente
a la prisión de Santo Domingo, gracias a un habeas corpus que le fue otorgado
por un juez de Guayaquil. Según Fausto Salinas, comandante de la Policía
Nacional, su presencia en el recinto carcelario provocó la matanza.
Antes, Anchundia estuvo recluido en la cárcel
del Turi; pero, tras el enfrentamiento entre Los Lobos y los R7 en esa prisión
en el mes de abril, él y otros cabecillas fueron llevados a la prisión La Roca,
en Guayas. Ahí solicitó la medida para que lo llevaran a Santo Domingo.
Más bandas
En la masacre que se registró en el mes de febrero
del 2021, cuando hubo amotinamientos simultáneos en los CPL de Azuay No. 1,
Cotopaxi No. 1 y Guayas No. 1, así como en el Centro de Rehabilitación Social
Guayas No. 4. que dejaron 78 reos muertos, el entonces Gobierno de Lenín Moreno
alegó que se había tratado de enfrentamientos entre bandas por el control de
las prisiones, indicando que se produjeron después del asesinato de Jorge Luis
Zambrano, alias 'Rasquiña', quien era el líder de la organización criminal 'Los
Choneros'.
Respecto a la masacre ocurrida en septiembre,
la peor del país, el SNAI señaló que se debió a "enfrentamientos entre
bandas delictivas", mientras que la Fiscalía General del Estado (FGE)
informó que también fue motivado por la intención de las autoridades de
trasladar a los cabecillas de las pandillas a otros centros penitenciarios.
En el país, hasta el año pasado, se habían
identificado al menos seis bandas que se disputan el control de los centros
carcelarios, que son: Los Choneros, Pipos, Tiguerones, Chone Killers, Lagartos
y Los Lobos. Ahora se le suma el grupo R7, que ha sido definida por las
autoridades como una "micro banda delictiva", dedicada al
microtráfico, robo y sicariato, que apareció en el año 2020 en Santo Domingo de
los Tsáchilas, como resultado de la alianza entre Ángelo Javier, alias 'Negro
Ángelo', y Anchundia.
Crisis estructural
Aunque los motines en las cárceles de Ecuador
se han originado por enfrentamientos entre bandas criminales, organismos de derechos
humanos han hecho hincapié en el deterioro del sistema penitenciario del país.
La CIDH, en su informe publicado en marzo
pasado identifica varias causas, entre ellas:
"La falta de control efectivo de los
centros penitenciarios por parte del Estado" y, en consecuencia, que
"el control intramuros se ha venido ejerciendo por parte de las propias
personas detenidas".
La disputa por el control de los pabellones y
centros penitenciarios, al interior, por parte de diferentes bandas
delincuenciales.
La "insuficiencia de guardias
penitenciarios de seguridad dedicados a la vigilancia y control de los
centros" y la falta de equipo, formación y preparación de estos.
La CIDH califica la situación como "una
crisis penitenciaria de carácter estructural" y señala que entre los
factores que la han generado está el "debilitamiento de la
institucionalidad" y la disminución presupuestaria desde el 2017 al
sistema penitenciario. En detalle, especifica que el presupuesto fue de 153
millones de dólares ese año; 131 millones de dólares en el 2018; 90 millones de
dólares en el 2019; 88 millones de dólares en el 2020 y 54 millones de dólares
en el 2021.
Otros factores de esta crisis, según el
organismo, son la corrupción, la falta de registro adecuado de los reos, el
hacinamiento y "el uso excesivo de la prisión preventiva".
En su informe, la CIDH también se refiere a la
crueldad de las muertes en las cárceles. Por ejemplo: en la masacre de
septiembre del año pasado dice que 88 cuerpos estaban completos y los demás
"presentaban diferentes tipos de mutilaciones -entre ellas- cuatro
decapitaciones"; mientras que en la ocurrida el 12 y 13 de noviembre,
también en el CPL Guayas No. 1, en la que se usó explosivos para hacer un hueco
a uno de los muros de un pabellón de la prisión, "los cuerpos levantados
por las autoridades estaban en muy malas condiciones debido a la violencia
extrema a la que fueron objeto", algunos de ellos "fueron
desmembrados o mutilados; y los cuerpos y las piezas anatómicas fueron apiladas
e incendiadas".
Reformas
La alta comisionada de la ONU para los
Derechos Humanos, Michelle Bachelet, se pronunció ante lo ocurrido el lunes en
la prisión de Santo Domingo de los Tsáchilas.
Dijo que esta matanza, parte de una serie de
masacres en Ecuador, muestra la urgencia de la reforma del sistema de justicia
penal y del penitenciario en el país suramericano. Asimismo, recalcó la
responsabilidad del Estado en las muertes en las prisiones.
"La responsabilidad del Estado en la
seguridad de todas las personas que están bajo su custodia, crea una presunción
de responsabilidad estatal por estas muertes", fue el mensaje de Bachelet,
según un comunicado leído por su portavoz en una rueda de prensa en Ginebra.
En su comunicado, la alta comisionada también
dijo que el Gobierno debe considerar una hoja de ruta que propuso "para
garantizar la seguridad en las prisiones, mejorar las condiciones de los
reclusos y garantizar una mejor gestión carcelaria, lo que incluye combatir la
corrupción".
Acciones del Gobierno
Tras lo ocurrido en el Centro de
Rehabilitación Social de Santo Domingo de los Tsáchilas, una de las acciones de
las autoridades ecuatorianas fue el traslado de seis privados de libertad,
identificados como cabecillas de bandas criminales, a La Roca y la
Penitenciaría del Litoral, ambas en Guayas.
"Esta respuesta merece una ratificación
contundente de la administración de justicia para mantener el orden en el
sistema carcelario", dice un mensaje en Twitter del Ministerio del
Interior.
Carrillo dijo que "hay que revisar los
mecanismos de acumulación de penas y negar beneficios a los involucrados, sometiéndoles
a un régimen disciplinario más exigente".
El presidente Lasso, quien se encontraba de
visita en Israel, comentó que no darán "el brazo a torcer ante las
mafias".
"Nuestro compromiso por recuperar el
orden en las cárceles es firme", añadió.
Durante su gestión y como parte de las
acciones para frenar la crisis carcelaria, Lasso ha concedido indultos a
algunos presos, con el propósito de reducir el hacinamiento en las prisiones.
Según información proporcionada en febrero pasado, las cárceles del país tenían
hasta entonces 34.821 presos, aunque la capacidad máxima instalada de las
prisiones es de 30.169 plazas.
En febrero, Lasso presentó la Estrategia
Nacional de la Política Pública del Sistema de Rehabilitación Social que, según
las autoridades, hace énfasis en la promoción de los derechos humanos de las
personas privadas de libertad.
Esta nueva política, que para su elaboración
contó con la cooperación técnica de la oficina regional para América del Sur de
la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, contempla 12 ejes y
más de 300 acciones en el sector de trabajo, justicia, educación, cultura,
deporte, asistencia social, derechos humanos, entre otros.
Fuente: Edgar Romero T., RT
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